Aquí os pongo un artículo con el que estoy totalmente de acuerdo de Juan Miguel Margalef: Los recientes conflictos surgidos en torno a la conservación de bienes culturales en Murcia, parking de San Esteban; en Cartagena, puerta del CIM; y en Lorca, construcción de un Parador en pleno castillo, ponen de manifiesto los efectos de una política cultural que se ha venido practicando en la Región de Murcia en los últimos quince años. Política que afortunadamente está empezando a chocar con una ciudadanía que aprecia y valora los bienes culturales cada vez más.
En todos los casos sorprende y escandaliza la actitud de las Administraciones regional y local que, en lugar de ser garantes de una intervención seria e imparcial, como sería de desear, jalean la demolición y el desmonte de los restos, restándole importancia a los hallazgos y actuando muchas veces en defensa de intereses privados y en perjuicio de todos los murcianos, en definitiva; porque el patrimonio histórico es un bien público consagrado en la Constitución.
En el caso del parking de San Esteban está clarísimo que la conservación de los restos choca frontalmente con los intereses de quienes promueven ese parking y de un Ayuntamiento que lo ha alentado a pesar de la notoriedad de los eventuales restos arqueológicos. En Cartagena, la única ’razón de peso’ que existe para demoler la antigua puerta del Cuartel de Instrucción es que no hay dinero para restaurarla. Lo cual clama al cielo cuando se acaban de perder 600.000 euros de subvenciones estatales por falta de proyectos para la Catedral Vieja y el Anfiteatro.
En el caso del Castillo de Lorca y de la eufemística y cínica ’reubicación’ del palacete Ponce, de Murcia, también se ha beneficiado descaradamente intereses privados. En Cartagena se ha beneficiado claramente a los particulares en el edificio Cónsul (junto a la Universidad); en las ’Casas de los Catalanes’, ambos edificios protegidos con grado 3 en el plan especial; en el proyecto de los ’Portales de la Lonja’, donde se han autorizado nueve plantas junto al Monte Sacro; en Santa Lucía, donde se quiere construir una barrera, también de nueve plantas, entre el mar y el barrio; y en el edificio Llagostera, en plena calle Mayor, que se quiere vaciar enteramente para construir un parking.
Todas estas actuaciones son consecuencia de varios factores directos imputables claramente a decisiones políticas y a otras causas de orden general.
Los factores políticos son: a) la transferencia de la responsabilidad de la gestión del patrimonio histórico a los Ayuntamientos, que la supeditan a la gestión urbanística pura y dura; b) la subordinación de la dirección general de Cultura, hoy de Bellas Artes, máximo órgano responsable de la protección del patrimonio histórico en la región, a los Ayuntamientos; c) la subordinación de los técnicos de patrimonio a los políticos; d) la supresión del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico, incumpliendo la ley elaborada por el propio Partido Popular; e) la política de organismos consultivos; y e) la vergonzosa Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, que somete los bienes culturales al régimen común de ruina y declara abolida la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, consagrando la movilidad de los segundos en contra de todo sentido común, para dejar las manos libres a las Administraciones regional y local.
Inconsecuentemente con estas decisiones de carácter político que acabo de enumerar, que son claramente constatables, el Partido Popular convierte cualquier discrepancia técnica o de opinión en temas de patrimonio histórico en causa de guerra política y acaba siempre por sostener sus posiciones iniciales aunque sean equivocadas para no perder la escaramuza de turno.
Todo ello nos lleva a una situación absurda y claramente perjudicial para los bienes patrimoniales de la Región de Murcia. Como no existen los medios para elaborar criterios de actuación científicos e imparciales porque los organismos consultivos o no existen, como es el caso del Consejo Asesor de Patrimonio, o no tienen los cauces para expresarse, o están maniatados, o son claramente clientelares, como la Academia de Bellas Artes... no acabamos de tener nunca una referencia clara que permita a los gobernantes tomar las decisiones más adecuadas y a los ciudadanos saber que lo son.
En el fondo de todo subyace una falta de convicción del partido gobernante en la Región en la Constitución y en la ley 16/85 del patrimonio histórico español y en especial en lo que se refiere a la conservación de todo patrimonio que no sea monumental. En la Región de Murcia se ha llevado a cabo restauraciones y puestas en valor de monumentos importantísimas en los últimos años, pero también se han perpetrado agresiones gravísimas a las que se debería poner coto.
La opinión pública es perfectamente consciente de esta situación y los políticos deberían tomar nota y ponerse manos a la obra. Los Ayuntamientos no tienen los medios técnicos especializados que se precisan para actuar en bienes patrimoniales, ni el ’distanciamiento urbanístico’ necesario para intervenir imparcialmente. Es absolutamente necesario que el PP cumpla la promesa política de crear un Consejo Asesor de Patrimonio regional riguroso e independiente que vertebre a las organismos consultivos; que devuelva a la dirección general de Bellas Artes la autoridad que le corresponde según los decretos de transferencias, el estatuto regional y la Constitución española; y que se cambie la Ley de patrimonio regional. * Juan-Miguel Margalef es ex director general de Cultura de la Comunidad Autónoma y directivo de ADEPA
En el caso del parking de San Esteban está clarísimo que la conservación de los restos choca frontalmente con los intereses de quienes promueven ese parking y de un Ayuntamiento que lo ha alentado a pesar de la notoriedad de los eventuales restos arqueológicos. En Cartagena, la única ’razón de peso’ que existe para demoler la antigua puerta del Cuartel de Instrucción es que no hay dinero para restaurarla. Lo cual clama al cielo cuando se acaban de perder 600.000 euros de subvenciones estatales por falta de proyectos para la Catedral Vieja y el Anfiteatro.
En el caso del Castillo de Lorca y de la eufemística y cínica ’reubicación’ del palacete Ponce, de Murcia, también se ha beneficiado descaradamente intereses privados. En Cartagena se ha beneficiado claramente a los particulares en el edificio Cónsul (junto a la Universidad); en las ’Casas de los Catalanes’, ambos edificios protegidos con grado 3 en el plan especial; en el proyecto de los ’Portales de la Lonja’, donde se han autorizado nueve plantas junto al Monte Sacro; en Santa Lucía, donde se quiere construir una barrera, también de nueve plantas, entre el mar y el barrio; y en el edificio Llagostera, en plena calle Mayor, que se quiere vaciar enteramente para construir un parking.
Todas estas actuaciones son consecuencia de varios factores directos imputables claramente a decisiones políticas y a otras causas de orden general.
Los factores políticos son: a) la transferencia de la responsabilidad de la gestión del patrimonio histórico a los Ayuntamientos, que la supeditan a la gestión urbanística pura y dura; b) la subordinación de la dirección general de Cultura, hoy de Bellas Artes, máximo órgano responsable de la protección del patrimonio histórico en la región, a los Ayuntamientos; c) la subordinación de los técnicos de patrimonio a los políticos; d) la supresión del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico, incumpliendo la ley elaborada por el propio Partido Popular; e) la política de organismos consultivos; y e) la vergonzosa Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, que somete los bienes culturales al régimen común de ruina y declara abolida la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, consagrando la movilidad de los segundos en contra de todo sentido común, para dejar las manos libres a las Administraciones regional y local.
Inconsecuentemente con estas decisiones de carácter político que acabo de enumerar, que son claramente constatables, el Partido Popular convierte cualquier discrepancia técnica o de opinión en temas de patrimonio histórico en causa de guerra política y acaba siempre por sostener sus posiciones iniciales aunque sean equivocadas para no perder la escaramuza de turno.
Todo ello nos lleva a una situación absurda y claramente perjudicial para los bienes patrimoniales de la Región de Murcia. Como no existen los medios para elaborar criterios de actuación científicos e imparciales porque los organismos consultivos o no existen, como es el caso del Consejo Asesor de Patrimonio, o no tienen los cauces para expresarse, o están maniatados, o son claramente clientelares, como la Academia de Bellas Artes... no acabamos de tener nunca una referencia clara que permita a los gobernantes tomar las decisiones más adecuadas y a los ciudadanos saber que lo son.
En el fondo de todo subyace una falta de convicción del partido gobernante en la Región en la Constitución y en la ley 16/85 del patrimonio histórico español y en especial en lo que se refiere a la conservación de todo patrimonio que no sea monumental. En la Región de Murcia se ha llevado a cabo restauraciones y puestas en valor de monumentos importantísimas en los últimos años, pero también se han perpetrado agresiones gravísimas a las que se debería poner coto.
La opinión pública es perfectamente consciente de esta situación y los políticos deberían tomar nota y ponerse manos a la obra. Los Ayuntamientos no tienen los medios técnicos especializados que se precisan para actuar en bienes patrimoniales, ni el ’distanciamiento urbanístico’ necesario para intervenir imparcialmente. Es absolutamente necesario que el PP cumpla la promesa política de crear un Consejo Asesor de Patrimonio regional riguroso e independiente que vertebre a las organismos consultivos; que devuelva a la dirección general de Bellas Artes la autoridad que le corresponde según los decretos de transferencias, el estatuto regional y la Constitución española; y que se cambie la Ley de patrimonio regional. * Juan-Miguel Margalef es ex director general de Cultura de la Comunidad Autónoma y directivo de ADEPA
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