EL CONTRATO DE LA GUARDERIA DE LA ALJORRA PASA DE LA FISCALIA AL JUZGADO

Escrito por Agencia AYC. Martes, 8 de junio de 2010

La Fiscalía ha remitido el asunto del contrato de adjudicación de la guardería de La Aljorra por parte del ayuntamiento de Cartagena, que denunció la concejala Carmen Martínez, al Decanato para que la instrucción de esta causa sea adjudicada a un juzgado.

La concejala no adscrita del Ayuntamiento y miembro de Socialistas Por Cartagena, Carmen Martínez, envió en octubre del pasado año el contrato del Centro de Atención a la Infancia (CAI) de La Aljorra a la Fiscalía para que investigase las tres irregularidades que había detectado en el contrato de adjudicación a una empresa privada. Martínez consideró que el ayuntamiento dio trato de favor a la adjudicataria asumiendo pagos que no le correspondían, falsificó datos para obtener una subvención que no correspondía y convocó cuatro días después de la inauguración (16 de marzo) un concurso para adjudicar un material que ya estaba el día del estreno (valorado en casi 33.718 euros).

Instrucción número 4 rechazó la causa.

El Decanato de Cartagena adjudicó de forma aleatoria esta causa hace unos días al juzgado de Instrucción número 4, pero fue rechazado alegando que debía llevarse a cabo esa designación en base a la fecha del contrato. Ahora el Decanato deberá aplicar las normas de reparto internas para decidir el juzgado que llevará el asunto.

La Fiscalía lleva al juzgado a la concejala del PP Rosario Montero y al coordinador de educación Damián Olmos

La Fiscalía lleva al juzgado a la concejala del PP Rosario Montero y al coordinador de educación Damián Olmos por presuntos delitos de falsedad y prevaricación.

La Fiscalía ve indicios de delito penal en el caso del equipamiento del CAI de La Aljorra que en su día denunció ante este ministerio público la concejala no adscrita Carmen Martínez al detectar numerosas irregularidades en todo el proceso que llevó a cabo el Ayuntamiento.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, ha concluido el proceso de diligencias informativas, abierto en su día como consecuencia de la denuncia presentada por la concejala Carmen Martínez el 26 de octubre de 2009, considerando que los hechos objeto de la denuncia pueden ser, efectivamente, constitutivos de delito por falsedad documental y prevaricación por lo que lleva el caso al Juzgado de Cartagena considerando como presuntos imputados a la concejala Rosario Montero y al coordinador de la concejalía de Educación Damián Olmos.

La concejala Carmen Martínez afirma que “esta decisión del fiscal es un nuevo varapaloal gobierno de Pilar Barreiro que pierde credibilidad a pasos agigantados. Recordemosque en lo que va de legislatura ha dimitido un teniente alcalde, Enrique Pérez Abellán, hacesado a la directora general de Artes Plásticas, tiene en los tribunales al vicealcaldeAgustín Guillén, a su portavoz Joaquín Segado, denunciado por el Monte Sacro y ahoraimplicada presuntamente en un delito penal a la concejala de cultura. Quizá sea por estopor lo que está tan nerviosa la alcaldesa y se prodigó en ataques e insultos hacia elconcejal Juan Luís Martínez, pero por muchos ataques que recibamos vamos a seguirhaciendo nuestro trabajo porque la oposición está para controlar al gobierno y no paraotra cosa”.

La alcaldesa, según Carmen Martínez, debe pronunciarse ahora y decir claramente si vaa amparar estos comportamientos presuntamente delictivos o si por el contrario, en sucinismo habitual, va a ser benévola, por tratarse de una persona de su equipo de gobierno.

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La Fiscalía abre Diligencias Informativas por el caso del equipamiento del CAI de La Aljorra

La Fiscalía abre Diligencias Informativas por el caso del equipamiento del CAI de La Aljorra

La concejala de cultura, Rosario Montero, del equipo de gobierno del PP ha prestado declaración ante el Fiscal en el proceso abierto de Diligencias Informativas en calidad de presunta imputada.

Los concejales Carmen Martínez y Juan Luís Martínez manifestaron que “este proceso se inicia como consecuencia de la denuncia que presentamos en octubre de 2009 ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y habrá que esperar todavía unas semanas para que la Fiscalía se pronuncie definitivamente”.

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Enviada a la Fiscalía el contrato de la guardería de la Aljorra

La concejal Carmen Martínez denuncia tres irregularidades y pide al Ministerio Público que determine si hay indicios de delito.

La adjudicación del llamado centro de atención a la infancia (CAI) de La Aljorra, que no es otra cosa que la guardería municipal gestionada por una empresa privada, acaba en manos del fiscal jefe de la Región de Murcia. La concejal socialista Carmen Martínez ha vuelto a desmarcarse de las direcciones de su grupo municipal y del PSOE cartagenero para pedir en solitario al Ministerio Público que investigue todo el expediente administrativo relacionado con el equipamiento del parvulario. Quiere saber si concejales del Gobierno municipal han incurrido en presuntos delitos.

El tema fue motivo de controversia en dos plenos municipales en los que la propia Martínez preguntó a la concejal de Educación, Josefa Maroto, sobre los motivos por los que pagó con dinero público el mobiliario y el equipamiento del CAI cuando por contrato correspondía a la concesionaria de la gestión asumir ese gasto.

La concejal del PSOE recuerda que esa obligación había sido asumida por la adjudicataria. Como prueba de ello, cita que la propuesta ganadora del concurso público, presentada por Josefa Costa González, adjuntaba documentación sobre un presupuesto de muebles y enseres por valor de 29.778,61 euros dado por la empresa Azarbe Centro de Promoción SL.

A pesar de todo ello, según la documentación enviada a la Fiscalía, la Concejalía inició gestiones con la Comunidad para obtener subvenciones con las que poder costear el mobiliario y la cocina, a sabiendas de que ese gasto no lo debía asumir. Las ayudas llegaron para varias guarderías abiertas en los últimos meses en las diputaciones, incluida la de La Aljorra.

Subvención ’pagada’

Después, el Ayuntamiento pidió a la concesionaria que abonara el 25% (17.543 euros) con el que la administración local debía completar la subvención regional. La respuesta de Josefa Costa fue positiva porque esa cantidad era menor que los 29.776,61 euros que debía invertir inicialmente, interpreta Martínez.

En su escrito registrado el pasado lunes en la Fiscalía, la edil socialista también advierte de que la guardería fue inaugurada el pasado 16 de marzo con todo el mobiliario montado. Pero cuatro días después fue convocado un concurso público para comprar cunas, sillas y mesas, entre otro material, por valor de 33.718 euros. El 14 de abril fue adjudicado el equipamiento a Azarbe Centro de Promoción SL, la misma empresa que, según la edil socialista, había servido el material seis meses antes.

Martínez resume las irregularidades en que el Ayuntamiento consintió el incumplimiento del contrato y dio trato de favor a la adjudicataria; falsificó datos para obtener una subvención que no le correspondía; y convocó un concurso «fantasma» para adjudicar un material que ya había sido servido seis meses antes.

Nota de Prensa: NOTA DE PRENSA 2009_10_28.pdf