La concejal Carmen Martínez denuncia tres irregularidades y pide al Ministerio Público que determine si hay indicios de delito.La adjudicación del llamado centro de atención a la infancia (CAI) de La Aljorra, que no es otra cosa que la guardería municipal gestionada por una empresa privada, acaba en manos del fiscal jefe de la Región de Murcia. La concejal socialista Carmen Martínez ha vuelto a desmarcarse de las direcciones de su grupo municipal y del PSOE cartagenero para pedir en solitario al Ministerio Público que investigue todo el expediente administrativo relacionado con el equipamiento del parvulario. Quiere saber si concejales del Gobierno municipal han incurrido en presuntos delitos.
El tema fue motivo de controversia en dos plenos municipales en los que la propia Martínez preguntó a la concejal de Educación, Josefa Maroto, sobre los motivos por los que pagó con dinero público el mobiliario y el equipamiento del CAI cuando por contrato correspondía a la concesionaria de la gestión asumir ese gasto.
La concejal del PSOE recuerda que esa obligación había sido asumida por la adjudicataria. Como prueba de ello, cita que la propuesta ganadora del concurso público, presentada por Josefa Costa González, adjuntaba documentación sobre un presupuesto de muebles y enseres por valor de 29.778,61 euros dado por la empresa Azarbe Centro de Promoción SL.
A pesar de todo ello, según la documentación enviada a la Fiscalía, la Concejalía inició gestiones con la Comunidad para obtener subvenciones con las que poder costear el mobiliario y la cocina, a sabiendas de que ese gasto no lo debía asumir. Las ayudas llegaron para varias guarderías abiertas en los últimos meses en las diputaciones, incluida la de La Aljorra.
Subvención ’pagada’
Después, el Ayuntamiento pidió a la concesionaria que abonara el 25% (17.543 euros) con el que la administración local debía completar la subvención regional. La respuesta de Josefa Costa fue positiva porque esa cantidad era menor que los 29.776,61 euros que debía invertir inicialmente, interpreta Martínez.
En su escrito registrado el pasado lunes en la Fiscalía, la edil socialista también advierte de que la guardería fue inaugurada el pasado 16 de marzo con todo el mobiliario montado. Pero cuatro días después fue convocado un concurso público para comprar cunas, sillas y mesas, entre otro material, por valor de 33.718 euros. El 14 de abril fue adjudicado el equipamiento a Azarbe Centro de Promoción SL, la misma empresa que, según la edil socialista, había servido el material seis meses antes.
Martínez resume las irregularidades en que el Ayuntamiento consintió el incumplimiento del contrato y dio trato de favor a la adjudicataria; falsificó datos para obtener una subvención que no le correspondía; y convocó un concurso «fantasma» para adjudicar un material que ya había sido servido seis meses antes.
Nota de Prensa:
NOTA DE PRENSA 2009_10_28.pdf
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